La búsqueda de 92 mil personas desaparecidas en México: un desafío para el Estado y la sociedad
México enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de su historia: la desaparición de miles de personas, cuyo paradero se desconoce y cuyos derechos se vulneran. Según el último informe oficial, presentado el 15 de diciembre de 2023, de los 110 mil casos analizados, 12 mil 377 siguen en esa condición, 16 mil 681 fueron localizadas, 62 mil 112 no fue posible encontrarlas y 17 mil 843 aparecieron en bases de datos, pero no se les pudo localizar físicamente.
Estas cifras, sin embargo, podrían ser mayores, ya que existen problemas de subregistro, falta de actualización y validación de la información.
Ante esta situación, el gobierno de México ha anunciado la realización de un nuevo censo de personas desaparecidas y no localizadas, con el fin de depurar y homologar los datos existentes, así como de implementar acciones de búsqueda, identificación y atención a las víctimas. Para ello, se ha creado la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), que es el órgano encargado de coordinar y evaluar los recursos del Estado mexicano para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas². La CNB también ha elaborado el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PNBP), que establece los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para la búsqueda de personas en el país.
Sin embargo, estas medidas han sido cuestionadas por algunas organizaciones de familiares y expertos, que consideran que el nuevo censo minimiza el problema y vulnera los derechos de las víctimas, al no tomar en cuenta sus demandas, participación y acompañamiento.
Asimismo, señalan que el censo no garantiza la búsqueda efectiva e inmediata de las personas desaparecidas, ni la identificación de los cuerpos hallados en fosas clandestinas, ni la reparación integral del daño, ni la justicia y la verdad¹³. Por otro lado, denuncian la falta de recursos humanos, materiales y financieros para la operación de la CNB y las comisiones locales de búsqueda, así como la falta de coordinación y colaboración entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno.
Ante este panorama, es necesario que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas de desaparición, así como de prevenir y erradicar este fenómeno. Para ello, se requiere de una voluntad política firme, de una coordinación efectiva entre los poderes y órdenes de gobierno, de una participación activa y protagónica de las organizaciones de familiares y de la sociedad civil, y de una cooperación internacional solidaria y respetuosa. Solo así se podrá hacer frente a este desafío, que no solo afecta a las personas desaparecidas y sus familias, sino a toda la nación.
Autor: Andrea
Amante de la vida, viajar, politóloga ciudadana, desarrolladora web, diseño grafico, mkt digital y más