El pasado sábado 27 de enero, un operativo especial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con el apoyo de la Policía Estatal, la Municipal y la Guardia Nacional, logró la detención de 50 personas acusadas de extorsionar a comerciantes, ambulantes, choferes y operadores de plataformas en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Toluca.
El operativo se realizó tras varias denuncias sobre cobros de derecho de piso y amenazas a los trabajadores de la zona, que afectaban su seguridad y su economía. Se presume que entre los detenidos se encuentran líderes de grupos de comerciantes que operaban bajo el mando de organizaciones criminales.
Los 50 detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se les imputarán los delitos correspondientes. Algunos de ellos podrían estar vinculados con la Familia Michoacana, una de las bandas delictivas más activas en el Estado de México.
Sin embargo, el operativo también generó inconformidad y protestas por parte de familiares y abogados de algunos de los detenidos, quienes aseguran que se trata de personas inocentes que fueron arrestadas de forma arbitraria y violenta, sin una orden de aprehensión ni una causa justificada.
Entre los detenidos hay dos menores de edad que trabajaban como checadores y vendedores de ropa, respectivamente, y que fueron golpeados y esposados por los agentes. También se reportó la detención de una abogada que grababa las acciones de las fuerzas del orden, lo que fue considerado como una violación a sus derechos humanos y profesionales.
Los familiares y abogados de los detenidos exigieron que se respete la presunción de inocencia y que se realice una investigación imparcial y transparente, que permita identificar y sancionar a los verdaderos responsables de las extorsiones y liberar a los que no tienen nada que ver con el delito.
El operativo en la Terminal de Toluca es parte de la estrategia del gobierno estatal para combatir la extorsión, uno de los delitos que más afecta a los comerciantes y transportistas del Estado de México, y que ha incrementado su incidencia en los últimos años.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2023 se registraron 3,892 denuncias por extorsión en el Estado de México, lo que representa un aumento del 18.6% respecto al 2022, cuando se reportaron 3,282 casos.
La extorsión es un delito que genera miedo e impotencia entre las víctimas, que muchas veces prefieren pagar o callar antes que denunciar, por temor a represalias o a la falta de respuesta de las autoridades. Por eso, es necesario que se implementen acciones efectivas y coordinadas para prevenir, perseguir y castigar este fenómeno, que atenta contra la paz y el desarrollo de la sociedad.
Autor: Andrea
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