El reciente descubrimiento de un centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, ha generado indignación y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades estatales durante la administración de Enrique Alfaro. Este sitio, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), funcionaba como centro de reclutamiento forzado y exterminio, donde se encontraron hornos crematorios y restos humanos.
En septiembre de 2024, durante el gobierno de Alfaro, se reconoció la existencia de tácticas de reclutamiento del crimen organizado a través de anuncios en redes sociales, lo que llevó a operativos y detenciones relacionadas. Sin embargo, a pesar de estas acciones, la magnitud de las actividades criminales en lugares como el Rancho Izaguirre no fue completamente revelada ni detenida.
Colectivos de búsqueda han señalado que, aunque alertaron a las autoridades sobre este sitio, las respuestas fueron insuficientes, permitiendo que continuaran las atrocidades. La reciente intervención del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco destapó la verdadera dimensión de estos crímenes, evidenciando la falta de acción efectiva por parte del gobierno estatal en ese periodo.
Este caso resalta la urgente necesidad de una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades de las autoridades en la omisión o posible complicidad con las actividades del CJNG en la región. La sociedad exige transparencia y justicia para las víctimas de estos crímenes atroces.
